Existen cuarenta y cinco millones de personas a los que una mala decisión puede dejar sin vivienda, cuarenta y cinco millones de personas que pueden jubilarse poco antes de morir y cobrar una miseria, cuarenta y cinco millones de personas en riesgo de perder su puesto de trabajo, cuarenta y cinco millones de personas a los que cualquier subida en el precio de las energías y combustibles les puede trastocar sus cuentas mensuales, cuarenta y cinco millones de personas que miran al céntimo su compra cuando van al supermercado, cuarenta y cinco millones de personas que necesitan, o pueden necesitar el transporte público para viajar a su puesto de trabajo o a hacer cualquier gestión, cuarenta y cinco millones de personas que, en cualquier momento se pueden ver abocados a cobrar el sueldo mínimo, o peor, obligados a solicitar el ingreso mínimo vital, cuarenta y cinco millones de personas a los que una rebaja mensual en el IRPF les sabe a gloria y a respiro, cuarenta y cinco millones de personas que, siendo mujeres o padres, hermanos o hijos de una mujer, necesitan garantía para ese sexo considerado como débil y tratado como tal, cuarenta y cinco millones de personas que, en el caso de llegar una nueva pandemia, necesitarán el refugio de un ERTE como tabla de salvación y cuarenta y cinco millones de personas que han necesitado, necesitan o necesitarán un empujón en forma de beca para poder cursar sus estudios.
El gobierno de coalición, con todos sus defectos, sus traiciones y sus desplantes de los que podríamos hablar largo y tendido, ha aprobado, en esta legislatura marcada por pandemias, guerras y volcanes, una ley de vivienda que protege al inquilino de los precios abusivos, una subida de las pensiones que protege a los jubilados con menor poder adquisitivo, una reforma laboral que protege a los trabajadores temporales, una aplicación del tope de gas que protege al pequeño consumidor ante el abuso de las energéticas, una reducción del IVA en productos básicos que trata de proteger las listas de la compra, una bonificación el transporte que protege a los trabajadores y estudiantes en sus itinerarios diarios, una subida del salario mínimo que protege a aquellos ya bautizados como mileuristas, una rebaja en el IRPF que protege la nómina de aquellos que cobran lo justo para poder sobrevivir sin poder darse un mínimo capricho, un ingreso mínimo vital que protege a todas aquellas personas en riesgo de exclusión, una ley de garantía de la libertad sexual que protege a todas las mujeres potencialmente víctimas de un machismo aún arraigado en la sociedad, unos ERTES que protegieron no sólo a la mayoría de la población trabajadora, sino también a muchas empresas, durante la pandemia y un aumento, aún muy escaso, en el número de becas que protegen a todos aquellos estudiantes de familias de clase baja que aún tienen el sueño utópico de un mundo donde prevalece la meritocracia.
Entonces, después de ver y analizar todo esto y teniendo en cuenta que las políticas ultraliberales de la derecha española van en contra de las ayudas, subvenciones y servicios públicos, yo me pregunto ¿Por qué la gente vota en contra de sus intereses?
