El quince mayo del año pasado, surgió un movimiento espontáneo alimentado en las redes sociales que lanzó a la calle a miles de jóvenes y proclamó un decálogo de propuestas que cayeron en saco roto. El gobierno de Zapatero, más pendiente de hacer caso a Bruselas que a sus ciudadanos, les dio un golpecito en la espalda pero se taponó los oídos para no dejar que el ruido estropease sus planes. El plan, a grosso modo contado, es que no tenía plan, sino obligaciones impuestas por Europa con el fin de que redujese el déficit y evitase que España, con un producto interior bruto muy considerable, entrase en una barrena que se llevase por delante a toda Europa.
No pasó nada. Los ecos del 15-M comenzaron a silenciarse y Zapatero pagó sus errores con una derrota electoral histórica. Pero el cambio, como muchos nos temíamos, no iba a ir a mejor. En aquel decálogo de jóvenes ninguneados (vagos perroflautas con ganas de incordiar según algunos medios ultras), figuraban obviedades tales como la reforma de la ley electoral, presión fiscal sobre las entidades bancarias, supresión del Senado, limitación de privilegios y auditoría de las concesiones públicas ¿Se les hizo caso? No ¿Quién paga las consecuencias? Nosotros.
En lugar de meter la tijera en su casa y en la casa de sus mecenas, el gobierno ha optado por el camino más sencillo; recortar derechos al ciudadano. El país se puesto patas arriba y algunos valientes ha vuelto a salir a la calle. Trabajadores y estudiantes protestan contra las reformas porque están contra la injusticia al igual que lo estaban aquellos perroflautas del 15-M. Pero el gobierno como si nada. Éste, igual que aquel, les dará un golpecito en la espalda y se taponará los oídos para no dejar que el ruido estropee sus planes. El problema de no escuchar a quien te lo pide es el de sorprenderse cuando la revolución se vuelve insostenible. Dicen en mi pueblo que el que avisa no es traidor.
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